Crisis en la Soberbia de un Feble Sustento

Crisis en la Soberbia de un Feble Sustento

Crisis en la Soberbia de un Feble Sustento

La expansión y distribución territorial de los pueblos primigenios y su respectiva transformación en los primeros imperios y civilizaciones, requería de un ordenamiento político, civil y jurídico que permitiera mantener las cosas “en regla” y en armonía social, definiendo lo permitido y aceptado, y penando los incumplimientos.

Omnipresente y en un sentido de homogeneizar las conductas al interior de los dominios, la reglamentación conductual, del cual el Código Hammurabi (1750 a.C. aprox.) es una de las primeras reglamentaciones formales de las que se cuenta en términos históricos, no pretende otra cosa más que someter al ordenamiento a la población, sancionando penalmente las conductas que pudieran quebrantar la normal convivencia de la sociedad (famoso en este sentido es la aplicación de la “Ley del Talión” que esgrime esta normativa como estándar de las sanciones aplicables).

Revelaciones divinas, en general, tenían estos esbozos de reglamentación conductual social, desde el ya mencionado Código Hammurabi entregado divinamente al rey, o el Código de Justicia Griego según lo relata Platón en sus Diálogos, o las mismas Tablas de la Ley (Decálogo) que rigen al Judaísmo & Cristianismo entregadas por Yahveh a Moisés en la cima del Monte Sinaí.

En términos de cimiento histórico del comportamiento jurídico, se establece al Derecho Romano (750 a.C. aprox.) como el férreo fundamento del ordenamiento desde la fundación del Imperio Romano hasta nuestros días, en donde la normativa civil se distingue de la normativa moral y religiosa, aún a pesar de tener un origen divino común a los anteriormente mencionados.

Naturalizado en cada sociedad, y en concordancia a la evolución y desarrollo según el contexto histórico de cada una, las sociedades fueron adoptando estructuras de convivencia que denotaban claramente una estabilidad de comportamiento ético, religioso y moral, sucediéndose esta jurisdicción reglamentaria se Supremos Sacerdotes a Reyes a Estamentos Jurídicos representantes del Poder del Estado según sean nominados y de acuerdo al ordenamiento político que compete.

Así es como en los albores de la Conquista, en nuestra Latinoamérica, antes que Chile fuera tal, nuestra regencia estaba sujeta al Virreinato del Perú (Siglo XVI al Siglo XIX), bajo mandato, obediencia y representatividad de la Corona Española en vehemente defensa de las riquezas que el Nuevo Mundo tenía para su “abastecimiento” y hegemonía global, en desmedro de otras potencias europeas.

Vista la extensión del territorio, y dada la residencia del Virrey en la ciudad de Lima, geográficamente se distribuyeron las Audiencias, y en el caso particular, la Real Audiencia de Chile, ente encargado de la administración judicial en todo el ámbito jurídico correspondiente, y a su vez, supeditado a la Real Audiencia de Lima, presidida por el propio Virrey.

A posteriori de la Real Audiencia de Chile, dada la Declaración de Independencia en 1818, el ejercicio de la Justicia estaría en manos de la Cámara de Apelaciones, la que pasaría a denominarse Corte de Apelaciones en virtud de la Constitución de 1823, que también da origen a la Corte Suprema de Chile, organismo rector y máximo representante del autónomo Poder Judicial chileno, situación que mantendría “inapelablemente” hasta nuestros días.

Modelado de la teorización de Montesquieu relativa al ordenamiento de la República Romana, de los tratados políticos de Aristóteles y Platón, y en mayor sintonía con la experiencia de la Revolución Inglesa (segunda mitad del Siglo XVII), es que se formaliza y determina la separación de poderes del Estado, pero apelando a una autonomía e independencia de unos sobre otros, lo que descarta a priori la incidencia en la resolución de determinadas temáticas, carácter clave en un Estado de Derecho moderno.

Objeto de la Revolución de 1891, esta independencia de poderes estuvo temporalmente rota, acaeciendo en un quiebre institucional que polarizó al país y que a la suerte de un sistema Parlamentario, el Poder Ejecutivo estaría supeditado al Poder Legislativo (un Congreso fortalecido frente a las determinaciones presidenciales), desbalance que implícitamente, también aproxima al Poder Judicial.

Restaurada la condición “ecuánime en La Constitución de 1925, y a pesar de las modificaciones que cada cierto período aportaban a un mejor desempeño del Estado (al menos ese era el objeto), este ordenamiento Presidencialista se mantuvo indemne hasta su completa suspensión producto del Golpe Militar de 1973 y su posterior gubernatura dictatorial, en la que a pesar de la aparente “independencia” del Poder Judicial sobreviviente (la disolución del Congreso derivó el Poder Legislativo a la Junta Militar), claramente la injerencia, presión, ordenanza, etc. provocaba que éste último estuviera prácticamente sumido y supeditado a la nueva regencia, y tendrían que pasar largos años para que el noble sentir de “Lo Justo”, recobrara su altura y se removiera de una hegemonía totalitaria del “qué, cómo y cuándo hacer” para así develar y resolver sobre situaciones de absoluto abuso y crímenes del más amplio espectro, y que aún hoy, aunque ya han pasado más de cuatro décadas, siguen arrojando nuevos resultados e indicaciones que despiertan nuevas diligencias, nuevas concepciones y conclusiones, nuevas apreciaciones de verdades que parecían veladas en el tiempo.

Es la sombra soberbia del hacer sin restricción, sin mayor cuestionamiento moral, amparado en una espiritualidad y lealtad pero no con los nuestros, sino más bien, en una irascibilidad ideológica de la que muchos de sus participantes  hoy apuntan a cualquier lado, desconociendo participaciones como si los hechos fueran per se, apelando al paradigma de la presunción de inocencia y hasta al principio de habeas corpus, por qué no, si resulta que hoy estamos en un Estado de Derecho que debe velar por la integridad del bienestar social de todos y cada uno, con una Justicia que ahora si debe ser independiente, que ahora si no debe sucumbir a presiones políticas, que ahora si no debe resolver precipitadamente sobre hechos ocurridos al “amparo” de tiempos violentos.

Miradas más humildes y respetuosas son las que estamos llamados a contemplar, reconocimientos y esclarecimientos por sobre todo, entender de una vez que la retórica de la justificación no aplica en situaciones de gravedad y atentado contra los nuestros, vehementemente rasgar de una vez la venda del feble arrogante y orgulloso sustento que mancilla el dolor y recuerdo de situaciones que aún perduran en la sala de estar de la reivindicación, esperando con un número en la mano a ser atendido, y tal vez lograr una audiencia con la justicia, pero no con la idealizada, no con la hegemónica, todo lo contrario, con aquella que está dispuesta a todo por el todo, aquella que viste su vaporoso vestido, que esgrime una balanza en una mano y la espada en la otra, que usa una venda para estar segura de aplicar el rigor por lo justo sin mediar el personaje imputado.

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