No hay justicia. La paradoja del alegato popular

No hay justicia. La paradoja del alegato popular

No hay justicia. La paradoja del alegato popular

Al momento de enfocar la mirada en el proceder actual y contingente del Poder Judicial, el análisis corto y breve, cuasi como una incontinencia verbal, es “No hay justicia”, sin importar el arrastre empírico social que ha concluido en un efecto tras diversas causas.

Ignorando todo mea culpa, en innumerables oportunidades hemos escuchado el eco social haciéndose parte en un dictamen judicial, con los resultados en su mayoría no esperables por la ciudadanía, por más que el sentido común así lo indique.

La ciudadanía opinante, en general ejerce en lo inmediato, en la superficialidad del asunto, en la parcialidad del suceso, en la última capa del evento, sin dar rienda suelta al sentido de reflexión o la capacidad de la duda, ni menos el por qué se ha llegado a ese resultado tras una instancia judicial donde el sentido común, y por supuesto la moral, no obedece al mínimo ápice de coherencia.

Los ciudadanos liberan su corta crítica con megáfono en mano, arengando el hecho incoherente y temporal del resultado de lo justo, “no es posible” dicen algunos, tomándose el pelo y cargado de impaciencia e impotencia.

La problemática comienza en la conformación y constitución de los poderes del Estado; primero, el Poder Ejecutivo compuesto del aparataje gubernamental de turno cargado de reivindicación partidista; el segundo, el Poder Legislativo que evalúa su ego partidista de los distintos sectores políticos.

Ambos obedecen a una designación democrática de la que el mismo ciudadano forma parte y se hace presente al momento de elegir a sus representantes en las urnas.

Por último, el tercer poder del Estado, el Poder Judicial, -autónomo-, obedece a los principios de inmovilidad, el cual le permite a los tribunales ejercer sin presiones o imparcialidades, el de inexcusabilidad, que le permite resolver asuntos de su competencia, el de responsabilidad, para que los actos que se ejecuten estén dentro de la figura de los jueces, y por último la legalidad, donde los tribunales se establecen por ley.

El ultimo principio es fundamental para entender que la construcción de la ley que regirá y obedecerá al último principio dentro de un marco normativo, donde los poderes  Ejecutivo y Legislativo puedan ofrecer un dejo de rayado de cancha para los cimientos del Poder Judicial.

Aunque por otra parte, el Ministerio Público, organismo autónomo y jerarquizado creado a partir de una ley orgánica constitucional y donde su integración está compuesta por fiscales que llevan a tribunales a los imputados y protegen a las víctimas y testigos de los delitos, sigue siendo un organismo autónomo que no forma parte ni pertenece al Poder Judicial.

Entonces, ¿Qué ocurren cuando un ciudadano grita a viva voz, “No hay justicia”?.

Ocurre que directamente ese ciudadano le está pegando a la incapacidad social de elegir y cambiar a sus representantes para que precisamente estos hechos sean fiscalizados por las autoridades que él ha escogido democráticamente y que no han podido reivindicar el malestar social del caso o proceder judicial.

Tomar en cuenta que, como alternativa política usada sutilmente y no en demasía, da pie a que tanto senadores como diputados puedan ser reemplazados en sus cargos por sus partidos políticos sin previa participación ciudadana, lo que finalmente echa por la borda la elección democrática y socava lo que persigue el ciudadano al momento de sufragar, en el sentido de representatividad.

Vale decir, el problema de fondo es muy complejo tan solo de pensarlo, ya que en la conformación actual de la sociedad, habría que cambiar  los miembros que componen el poder ejecutivo que tienen periodos de cuatro y ocho años y que por cierto, la acción partidista no entregará fácilmente a la ciudadanía por un alegato noble y popular; requiere invertir buenos años en acción social o en actuales movimientos sociales reiterativos que reivindiquen y exijan en forma constante los temas relacionados y atingentes a la Corte Suprema.

Esto sin considerar las relaciones entre autoridades de los tres poderes del Estado, donde deberían, ante las consignas sociales, apartar sus intereses y motivaciones personales de las decisiones, para así legislar o ejecutar.

El ciudadano al vociferar, casi está escupiendo al cielo, porque al enrielar a los partidos políticos por mejoras en la legislación, es muy difícil respecto del Poder Judicial, y por lo demás, complejo políticamente.

Es un círculo paradójico, es complejo de mejorar, podría llevar años de trabajo en cultura, en educación cívica, en voluntad (por sobre todo política), para que finalmente se puedan mejorar las acciones judiciales.

Hay que pensar que la formación de las nuevas generaciones del Poder Judicial, tienen como maestros a los que hoy llevan los casos y conforman la autonomía del Poder Judicial, y que los cambios para actualizar el sistema son de largo aguante y de constante voluntad, para que el alegato popular pueda finalmente llegar a buen puerto y no termine siendo parte de la disconformidad ocasional, o simplemente caer en la paradoja del alegato popular.

Por esto, la responsabilidad del ciudadano es muy importante al momento de elegir a sus autoridades, ya que esta es la única forma que el elefante blanco pueda apurar un poco el tranco y caminar por una senda más justa.

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