El discurso político-facto: “Dejar que las instituciones funcionen”

El discurso político facto “Dejar que las instituciones funcionen”

El discurso político facto “Dejar que las instituciones funcionen”

Cada vez que la gobernabilidad se ve atrapada o increpada por opositores o la ciudadanía, aparece el discurso “dejar que las instituciones funcionen”. Pero ¿cuál es su significado? ¿Qué debiéramos entender por este discurso que viene a salir del paso ante algún cuestionamiento? ¿O acaso es la ley política y la regla por antonomasia lo que no da pie a la duda?

Tomemos en cuenta que las instituciones deben ser formadas por el colectivo social; el problema aquí radica en que esa colectividad es reducida y abarcada por el poder hegemónico de la casta política y empresarial. Las instituciones son aquellas que producen y ejercen las reglas, teniendo por cierto la responsabilidad de obedecer a objetivos exteriores, vale decir, el bien público para la cohesión social. Las decisiones que tomen las instituciones no pueden sino estar enmarcadas en la colectividad y, por tanto, deben perseguir e ir en vías de la práctica moral construida por la propia sociedad.

Hoy, la moral ejercida por las instituciones no dista de la integración social en su conjunto, lo que trae consigo la generación de una anomia ciudadana, producto del debilitamiento institucional a través del distanciamiento de la relación institución y ciudadanía.

Hasta ahora, las instituciones han ejercido un derecho restitutivo producto de la débil conciencia colectiva de la sociedad, tomando el camino del poder judicial para poner el orden a través de una solidaridad organiza. No obstante, es imperioso que la conciencia colectiva se fortalezca y pueda imponer sus derechos para que sean aplicables con independencia del Estado. Esto no se entienda como tomar el poder con las manos, sino a la potencia de una cohesión o unión social que tiene como fin fortalecer la conciencia social para que el ciudadano y la ciudadana sean actores participativos y protagónicos para efectos de una solidaridad mecánica.

Hay que tomar en cuenta que el Estado es un tipo de conciencia social, pero no abarca toda la conciencia social: solo rige a través de las leyes del poder judicial, lo que significa que, en su defecto, la ciudadanía con una conciencia fuerte y cohesionada tiene la capacidad de hegemonizar a través de los espacios no regulados y de las clases emergentes o subalternas.

Hoy, efectivamente, las instituciones funcionan, pero para unos pocos, para los de siempre, para aquellos que saben cómo funciona la maquinaria interna de la cúpula del poder gubernamental y aristocrático. Declarar “dejar que las instituciones funcionar” es callar al opinante, es terminar el diálogo, es obedecer a la antigua y vieja escuela de aquellos expertos que, en teoría, resuelven todos los problemas y, en consecuencia, hay que dejarlos sin fiscalización alguna, ni menos generar algún tipo de duda o cuestionamiento.

Este discurso es el de la ciencia; dar como ejemplo el caso de los médicos, cuyo lenguaje técnico encandila e impone una muralla antes de hacer la siguiente pregunta por miedo a decir “no entiendo”. Es la idiosincrasia de aquel que no tiene la autonomía de discernir o quedarse a preguntar y tomarse el tiempo necesario para recibir una explicación, inclusive tan solo por curiosidad.

Hacer caso a este discurso es seguir legitimando los modos de operar que han dejado que la hegemonía de los más poderosos se imponga de modo silencioso y fáctico. Entonces, las instituciones para el pueblo no funcionan; si fuese lo contrario, el discurso prácticamente se anula, no existiría, ya que no habría cuestionamiento alguno.

Considerar también que aquellos que están inmersos en las instituciones en puestos estratégicos son quienes, a punta de cuoteos, obedecen a una cadena de contactos y maquinarias partidistas del gobierno de turno. Es sabido que los servicios públicos están, en su mayoría, enlodados por cargos impuestos por militancias con fines instrumentales por los gobiernos de turno. Claramente existen excepciones, pero son las menos. Es necesario que se democraticen las instituciones y, para ello, negar las instituciones es el trabajo ciudadano: explotar y violentar el funcionamiento para la distribución del Poder.

Una reivindicación política de la ciudadanía es imperante; levantar la vocación de servicio, abandonar el discurso facto de la vocación de servicio público, para entrar en la dinámica de la ética y de la formación civil del servicio público. Los servicios públicos no pueden ser presa de los cuoteos políticos de turno, no pueden ser presa de un conjunto hegemónico del poder, porque precisamente de esta manera es que las instituciones funcionan, pero bajo un sistema de intereses. Dicho sea de paso, de ahí las relaciones con privados y lobistas, donde se permite que el sector privado establezca relaciones entre política y dinero, porque no hay ética ni moral, solo un rol funcional e instrumental. No existe la democratización, sino solo el hedor que expele del clientelismo y nepotismo en su brillante esplendor.

Es por esto que las instituciones deben ser neutralizadas a través del cuestionamiento de la ciudadanía con la participación activa de los actores sociales en el sistema público, para que junto a su vocación servir a sus hermanos compatriotas para dar el próximo paso a una mejor sociedad.

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RPC

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