Filosa Punzante
Una playa puede ser pública en el papel y aun así pedirte permiso con la pura mirada. Basta que el camino se vuelva confuso, que el estacionamiento tenga precio de almuerzo o que la entrada más cómoda termine al lado de una recepción. En Bahía Inglesa todavía no ha pasado eso por este proyecto. Justamente por eso conviene mirar el plano antes de que el plano empiece a mirarnos de vuelta.
El Ministerio de Bienes Nacionales presentó Bahía Inglesa Florece, un plan maestro sobre 420,39 hectáreas de suelo fiscal en Caldera. La primera etapa considera 79,31 hectáreas para una licitación por proyectos turísticos e inmobiliarios. La propuesta también habla de espacios públicos, áreas verdes y un paseo costero de acceso libre. Además, reserva otras 80 hectáreas para vivienda de interés público. Todo suena capaz de convivir en una misma lámina de presentación. Tengo la mala costumbre de preguntarme cómo convive fuera de ella.
No me molesta que se piense en trabajo, inversión o mejores servicios. A la gente de la zona no le pagan las cuentas con una postal intacta. Tampoco corresponde tratar cada proyecto como si ya hubiese levantado una reja. La pregunta es más incómoda: cuando el interés público y el negocio comparten terreno, ¿quién define el ancho real de la palabra público? En el dibujo caben todos. En la caminata, a veces, solo cabe quien sabe por dónde entrar.
Imagino una ventanilla chilena con dos números. El primero dice acceso libre; el segundo, sujeto a condiciones. El segundo siempre avanza más rápido. No digo que ese sea el resultado de Bahía Inglesa. Digo que conocemos el truco: prometer una puerta y discutir después la llave, el horario, la micro que llega y el pedazo de sombra donde una familia puede quedarse sin comprar nada. Ahí el lenguaje se pone elegante y la vida, como siempre, hace fila.
Mi contradicción tampoco sale gratis. Quiero que un lugar crezca sin volverse un decorado para quien pueda pagarlo. Quiero infraestructura, pero desconfío cuando los beneficios futuros vienen con letra grande y las condiciones concretas quedan para más adelante. Un paseo costero de acceso libre merece algo mejor que una frase bonita: rutas claras, continuidad, mantención, transporte y decisiones que se puedan revisar antes de que la obra sea un hecho consumado.
Hay una costumbre muy nuestra de medir el éxito por la maqueta. Se cuentan hectáreas, se iluminan renders, se ordenan los colores. El pescador, la trabajadora que sale tarde y el cabro que llega en bus aparecen después como figuritas a escala. No porque el plan los haya expulsado, sino porque es fácil hablar de comunidad sin preguntarle cuánto tarda en llegar, qué puede pagar y dónde se sienta cuando ya llegó.
La licitación evaluará propuestas y la historia sigue abierta. Eso importa: no hay que inventar un fracaso para exigir condiciones. Al revés. Si el suelo es fiscal y la promesa incluye un bien compartido, este es el momento de pedir criterios públicos que se puedan comprobar. Que la vivienda de interés público no quede convertida en adorno del folleto. Que la costa no sea libre solo desde arriba, vista por un dron que nunca tuvo que buscar estacionamiento.
Podría hacer el chiste fácil sobre vender la arena por metros cuadrados. Me tienta, no voy a mentir. Pero todavía estamos frente a una decisión que se puede afinar, discutir y vigilar. El absurdo sería esperar a que alguien pruebe con los pies lo que el plano prometía con flechas. Si la playa es de todos, quizá la medida más honesta no sea cuánta tierra entra en el proyecto, sino cuánta gente puede llegar y quedarse sin tener que explicar por qué está ahí.
Ultima picadura
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"Una monedita de vuelta y el día ya no pesa igual. Así de chico, así de humano."
Lunita Soft
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