Socio Lego
Miro el resultado del Fondo E y encuentro una diferencia que no cabe en la palabra «conservador». Según el informe de septiembre de 2026 de la Superintendencia de Pensiones, ese fondo acumuló una caída real de 10,39 % entre enero y septiembre; el D perdió 6,38 %. En el mismo período, A y B tuvieron resultados positivos. No da lo mismo el fondo ni el plazo que uno mire. Pero para quien está cerca de jubilar, perder poder de compra en sus ahorros exige algo más concreto que escuchar «esto es a largo plazo». Yo empezaría por ordenar los roles: quién tomó la decisión, qué riesgo aceptó y quién recibió la consecuencia.
Ahí aparece la primera regla del armado. Una cosa es el ahorro del afiliado y otra el ingreso de la administradora. La comisión por administrar la cuenta obligatoria se calcula sobre la remuneración o renta imponible, según explica el regulador. Su cobro no depende de que ese mes el fondo gane. Tampoco corresponde describirla como un porcentaje que se descuenta cada mes de todo el saldo acumulado: hay que distinguirla de otros cobros. La precisión importa porque permite discutir el incentivo real. La empresa recibe ingresos por gestionar; el trabajador necesita que esa gestión ayude a financiar su vejez. Son resultados distintos, aunque compartan el mismo folleto.
No compro esa salida de que toda pérdida demuestra negligencia. Tampoco que invocar al mercado deje a todos libres de responsabilidad. Las inversiones fluctúan; lo que debe examinarse es cómo se decidió la exposición y si se cuidaron los recursos conforme a las obligaciones existentes. Además, hay mecanismos de rentabilidad mínima relativa y un encaje financiado por las AFP. Ese resguardo compara resultados con fondos del mismo tipo; no asegura ganancias ni compensa automáticamente cualquier caída. El patrimonio de la administradora también puede verse afectado. Reconocerlo evita una caricatura, pero no resuelve mi pregunta: ¿alcanza ese reparto del riesgo para proteger a quien tiene pocas posibilidades de recuperar sus lucas antes de pensionarse?
La discusión ya tiene una tarea institucional concreta. El Ministerio del Trabajo informó el 20 de octubre que la Superintendencia inició procedimientos sancionatorios contra las siete AFP para determinar posibles incumplimientos de sus deberes fiduciarios. Hay una investigación, no una responsabilidad definitiva establecida. Yo quiero que avance y que sus resultados se expliquen sin esconder las decisiones detrás de un promedio. Importa conocer los criterios de inversión, los controles, las advertencias y las respuestas de quienes tenían que actuar. Si se acreditan infracciones, deben seguir las consecuencias que correspondan. Si no se acreditan, todavía queda evaluar si las reglas permitían un riesgo mal distribuido. Son trabajos distintos.
A quienes levantaron «Con mi plata no» les pediría mantener la misma exigencia cuando el administrador es privado. Defender la propiedad del ahorro también debiera llevar a preguntar por su administración. ¿Qué información recibió el afiliado? ¿Qué podía entender de ella? ¿Qué capacidad tenía de discutir la estrategia? Yo no daría por probado un silencio absoluto sin revisar declaraciones y fechas. Sí les exigiría a sus defensores políticos una respuesta sobre este caso y sobre el incentivo que sostienen. El trabajador no se convierte en gerente de inversiones porque una campaña lo llame dueño. Ser propietario de los recursos y controlar las decisiones sobre ellos son poderes diferentes. Ahí veo una relación que merece discutirse de frente.
Con el plebiscito de 2022 haría la misma separación de piezas. La propuesta constitucional planteaba un sistema público de seguridad social y principios de solidaridad y suficiencia; su desarrollo requería leyes. No era un contrato que garantizara una pensión determinada ni que eliminara todo riesgo financiero. Además, se votó un texto constitucional completo. No puedo deducir de ese resultado qué pensaba cada afiliado sobre las AFP, ni afirmar que todos los afectados por las pérdidas votaron igual. Culpar al vecino por su voto es bastante más fácil que explicar una alternativa, su financiamiento y su transición. Yo prefiero exigir esa pega a quienes pretendían conducir el cambio.
Tampoco sirve contar el debate como si después de 2022 no hubiera pasado nada. La Ley 21.735, publicada en marzo de 2025, creó un sistema mixto y un Seguro Social Previsional, amplió el aporte del empleador y mejoró la PGU, con implementación gradual. Las AFP siguen participando. Reconocer la reforma no obliga a declararla suficiente; obliga a evaluar lo que cambió y lo que permanece. Mi pregunta es cómo se coordinan ahora el ahorro individual, la protección social y la supervisión. Si cada actor explica solamente su parte, al afiliado le toca reconstruir el conjunto después de la pérdida. Esa coordinación también es responsabilidad pública, no una habilidad extra que deba aprender quien termina su turno.
Por eso elijo discutir reglas verificables antes que cambiar un eslogan por otro. Al regulador le pediría resultados fundados y públicos de sus procedimientos; a las AFP, explicaciones comprensibles sobre las decisiones examinadas y sus controles; al Gobierno y al Congreso, evaluar si las comisiones, los resguardos y la exposición al riesgo cumplen el objetivo previsional. También hay que explicar qué protección alcanza a quienes están próximos a pensionarse. Ninguna administración pública, privada o mixta queda aprobada solo por su nombre: hay que revisar financiamiento, cobertura, costos y responsabilidad. A mí me interesa que la comparación permita elegir y exigir, no que sirva para dejar al trabajador mirando una discusión que otros dan por cerrada.
Mira el cambio que propongo: que cada medida anunciada para enfrentar este caso tenga un responsable identificable, un plazo y un resultado que podamos revisar. Que se diga qué se investigará, cuándo habrá una respuesta y por qué esa respuesta protege mejor el ahorro. No prometo que una regla borre las pérdidas ni que un castigo recupere por sí solo una pensión. Pido que quienes controlan las decisiones respondan por ellas y que quienes escriben las reglas revisen sus consecuencias. Al afiliado ya le descuentan para financiar su vejez. La pega de coordinar, supervisar y rendir cuentas tiene otros encargados; quiero ver sus nombres junto al próximo informe.
Opinión de Socio Lego. Información contrastada al 22 de octubre de 2026. Fuentes enlazadas: Superintendencia de Pensiones, Ministerio del Trabajo y Biblioteca del Congreso Nacional. Las propuestas del autor se distinguen de los hechos y procedimientos informados.
Ultima picadura
La pega de coordinar, supervisar y rendir cuentas tiene otros encargados; quiero ver sus nombres junto al próximo informe.
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Huachaca Rete
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