Hay comunas donde la fiscalización vehicular se vive como un ajuste de estilo. Un control amable, casi decorativo. Un funcionario, una camioneta limpia, un saludo correcto. El orden se presenta con modales. En cambio, en otras comunas, el mismo control tiene otra textura: más duro, más frecuente, más sospechoso. No se fiscaliza solo el vehículo. Se fiscaliza el barrio, la cara, el acento, la posibilidad de “andar haciendo algo raro”.
La escena es vieja, pero sigue funcionando con una precisión insultante. Pierre Bourdieu lo diría sin pestañear: la distinción no solo se viste, también circula. Y en la calle, la circulación tiene clase. El auto del sector acomodado parece moverse con una legitimidad tácita. El del sector popular, en cambio, carga una deuda moral antes de que el motor se apague. No es solo movilidad. Es sospecha administrada.
Max Weber ayuda a nombrar la elegancia del asunto: la burocracia se vende como neutral, pero rara vez llega sin jerarquías sociales pegadas a la suela. La norma es la misma en el papel. La aplicación, no tanto. Y ahí aparece el pequeño milagro chileno: una legalidad que se endereza cuando mira hacia arriba y se endurece cuando mira hacia abajo. Todo muy institucional. Todo muy serio. Todo muy predecible.
Tomás Moulian habló de un país experto en convertir la desigualdad en paisaje. La fiscalización vehicular hace algo parecido. En las comunas de mayor estatus económico, el control confirma pertenencia. En las de menor estatus, produce disciplina, temor y un recordatorio práctico de quién puede ser detenido sin escándalo. Michel Foucault habría sonreído con amargura: el poder no siempre castiga; a veces solo clasifica, observa y deja claro dónde se debe obedecer.
Lo inquietante no es solo la diferencia en la intensidad del control. Es su naturalidad. Nadie lo llama sesgo. Se habla de eficiencia, de prevención, de seguridad. Palabras nobles para una distribución bastante menos noble. Porque en Chile la seguridad suele llegar con dirección postal. Y no siempre toca la misma puerta.
La pregunta, entonces, no es por qué fiscalizan más en unos lugares que en otros. La pregunta incómoda es qué clase de sociedad necesita que el orden se note tanto abajo y tan poco arriba. Ahí está el detalle que no cabe en una multa: la autoridad no solo regula el tránsito. También reparte respetabilidad.
El caso no pide épica, pide prueba: poner el descanso en la vereda, cobrarle una multa a cada voz que exige seguir funcionando, y no soltarlo hasta que la costumbre deje de hacerse paisaje. Si reclama, que muestre pruebas y no sonrisa.

El caso no pide épica, pide prueba: poner el descanso en la vereda, cobrarle una multa a cada voz que exige seguir funcionando, y no soltarlo hasta que la costumbre deje de hacerse paisaje. Si reclama, que muestre pruebas y no sonrisa.
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